Por Karen Gutierrez, Univision
Centennial, Colorado — 26 de noviembre de 2025
Un residente de Pueblo y veterano de combate fue sentenciado a más de una década en prisión tras ser declarado culpable de enviar amenazas de muerte a una juez de Denver. La Oficina del Fiscal del Distrito 18, que atiende al condado de Arapahoe, anunció la sentencia de 15 años el miércoles, en un caso que involucró nueve correos electrónicos amenazantes enviados entre el 5 y el 15 de marzo de 2024.
Amenazas contra una juez en pleno proceso judicial
El acusado, identificado como Thomas Wornick, de 43 años, enfrentó tres cargos de retaliación contra un juez, considerados delitos graves de clase 4 en Colorado. Wornick ya estaba cumpliendo una sentencia diferida por amenazas previas dirigidas al exsenador estadounidense Cory Gardner cuando surgieron los nuevos cargos.
Según la investigación, el Departamento de Policía de Denver recibió información el 18 de marzo de 2024 sobre correos electrónicos en los que Wornick amenazaba a la jueza Judith Labuda, quien supervisaba varios de sus casos abiertos en el sistema judicial.
La propia juez describió en una declaración escrita cómo los mensajes la hicieron temer por su seguridad:
“El 15 de marzo de 2024, el señor Wornick envió tres correos electrónicos a la división judicial, en los que amenazaba con asesinarme. Sus mensajes me hicieron sentir intranquila y con miedo.”
Asignación de fiscal especial
Debido a que las amenazas se dirigieron contra una juez del distrito de Denver, el caso fue asignado a un fiscal especial del 18.º Distrito Judicial, una práctica común cuando existe potencial conflicto de interés o para garantizar imparcialidad en la persecución penal.
El subfiscal Joseph Henriksen subrayó que el sistema de justicia actuará con firmeza ante cualquier intento de intimidación:
“Cuando alguien intenta intimidar o dañar a quienes sirven al público, responderemos con todas las herramientas que la ley permite. Esta sentencia deja claro que las amenazas violentas, sin importar quién las haga, tendrán consecuencias serias.”
Un patrón de amenazas escalantes
Los fiscales detallaron que Wornick envió un total de nueve correos electrónicos durante un periodo de diez días, tres de ellos con amenazas explícitas el 15 de marzo. Este comportamiento, según las autoridades, representó un incremento preocupante en la gravedad y frecuencia de sus acciones.
La Oficina del Fiscal señaló que el historial del acusado, su sentencia diferida previa y la naturaleza persistente de las amenazas reflejaron un patrón que justificaba una respuesta contundente.
Protección a funcionarios públicos
El asistente del fiscal del distrito, Ryan Brackley, enfatizó que las amenazas contra funcionarios judiciales representan un riesgo directo para el funcionamiento del sistema legal:
“Ningún servidor público debería temer por su vida simplemente por cumplir con su trabajo. El patrón de amenazas crecientes del señor Wornick exigía una respuesta firme y decisiva. Nuestro compromiso es asegurar que la intimidación no tenga lugar en nuestros tribunales.”
El caso se enmarca en un contexto nacional en el que fiscales, jueces y funcionarios públicos han reportado un aumento en amenazas digitales, lo que ha llevado a reforzar medidas de seguridad en múltiples jurisdicciones.
Custodia y cumplimiento de la sentencia
Tras la sentencia, Wornick fue trasladado al Denver County Jail, donde permanecerá bajo custodia mientras se gestiona su traslado a una prisión estatal de Colorado. La sentencia de 15 años refleja tanto la gravedad de los delitos como la intención de proteger a funcionarios judiciales y garantizar integridad en los procesos legales.
Legislación y consecuencias
En Colorado, la retaliación contra un juez es un delito grave que puede aplicarse cuando una persona amenaza, intenta intimidar o causa daño a un juez debido a decisiones o procesos judiciales. Las penas pueden variar según el historial del acusado, el alcance de las amenazas y la presencia de sentencias previas.
El caso de Wornick se volvió particularmente relevante porque se encontraba bajo una sentencia diferida por un incidente anterior que también involucró amenazas contra un funcionario público, en ese caso a un exsenador federal. Las nuevas amenazas invalidaron dicha sentencia diferida y fortalecieron el caso de la fiscalía.
